A finales de enero de este año el Ministerio de Ambiente publicó la resolución 110 del 28 de enero de 2022, que actualizaba las reglas para solicitar la sustracción de Zonas de Reservas Forestal. En otras palabras, establecía las nuevas reglas del juego que debía seguir una empresa energética, minera, de hidrocarburos o infraestructura cuando quería desarrollar un proyecto que estaba dentro de un bosque o área delimitada bajo esta figura, la cual se creó en 1959, bajo la ley segunda, buscando la protección del suelo y los bosques de ciertas áreas clave para el país.
Pero, aunque, aparentemente, la mayor parte de la resolución no presentaba grandes cambios frente a la norma anterior, varios expertos habían levantado sus alarmas, ya que, según su interpretación, el documento facilitaría que se desarrollen este tipo de proyectos en estas zonas clave para la conservación de Colombia. Por esta razón, la senadora Angélica Lozano interpuso una tutela contra esta resolución, logrando que el Juzgado Sexto Penal del Circuito la suspendiera.
