La idea es actualizar la Convención sobre los Derechos del Mar (Convemar) que entró en vigor en 1994. El nuevo documento pretende regular actividades como la minería marina.
El nuevo documento pretende regular actividades como la minería marina, porque «existen muchos intereses y presiones» actualmente en las negociaciones en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) para otorgar permisos de explotación a corto plazo, no solo de exploración, cuando aún no hay estándares de impacto ambiental de una actividad que supondría un «daño muy preocupante» para los ecosistemas marinos «que apenas se conocen», además del transporte de mercancías o la contaminación.
El nuevo Tratado busca crear «un marco regulatorio y un sistema de gobernanza» que además de englobar las actividades que se puedan desarrollar en alta mar», «sea un documento robusto de implementación, que contemple la obligación de realizar «estudios de impacto ambiental» con unos «estándares altos» que incluyan toda la cadena de impactos de una actividad y no solo en el lugar donde se realice, es decir que mida los efectos acumulativos de toda actividad».
